ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE MI COLEGIO Y EL CONCIERTO EDUCATIVO

¿Qué significa que mi colegio es concertado?
	El concierto es un acuerdo con la Consejería de Educación y Cultura por el cual la Administración se obliga al sostenimiento del centro y, este, a cambio, imparte las enseñanzas oficiales y se somete a unos controles para garantizar que la admisión de alumnos se hace en condiciones de igualdad.

¿Qué paga la Consejería de Educación al colegio en aplicación del concierto?

Básicamente, la Administración se hace cargo de los salarios del personal docente, y de unas cantidades fijas para gastos de funcionamiento que se calculan de acuerdo con el número de aulas que tiene cada centro. Lo que percibe el colegio de la Administración no se actualiza conforme a la evolución del IPC, ni se abona cantidad alguna para comedor o transporte, ni para seguros de accidentes y otros servicios complementarios.

¿Obtiene alguna ganancia el centro con el concierto?
	No. De hecho, las cantidades que la Administración abona para su mantenimiento son insuficientes para cubrir los costes en prácticamente la totalidad de los centros concertados. Pese a todo, el colegio opta por estar concertado para prestar su servicio a la sociedad, acogiendo a alumnos de todo tipo, sin que el nivel económico sea un obstáculo.

¿Cómo financia el colegio la diferencia?

Para hacer frente a los gastos que no cubre la dotación que abona la Consejería se utilizan otros recursos, como la ayuda gratuita de personal religioso en algunas actividades, la cesión de sus salarios por parte de los religiosos que ejercen como profesores, las aportaciones de fondos propios de la entidad titular o el cobro de las actividades extraescolares y servicios complementarios voluntarios, que aunque no puede tener carácter lucrativo, sí puede contribuir, según la ley, al mantenimiento y mejora de las instalaciones.

¿Cuál es el coste medio para la Administración de cada alumno?
	La Administración paga de media en España por cada alumno de la enseñanza concertada unos 3.000 euros al año, cantidad que no cubre los costes reales (lo confirman en sus informes el Ministerio de Educación, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo). En cambio, a cada alumno de la enseñanza pública se destinan de media unos 6.000 euros.